Test 4

1. A tenor de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 30/92, ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿es posible la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador?:
a) No.
b) Si.
c) Dependiendo del tipo de sanción.
d) Dependiendo del tipo de órgano administrativo que interviene.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 30/92 de RJAP-PAC, ¿es posible la creación de nuevos órganos administrativos que supongan la duplicación de otros ya existentes?:
a) Sí, es posible, siempre que no supere el número máximo de órganos.
b) No es posible.
c) Si es posible, si al mismo tiempo se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 54.1 de la LRJAP-PAC, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o se separen del dictamen de órganos consultivos:
a) Deben motivarse.
b) No deben motivarse.
c) No es necesaria su motivación pero si es posible.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

4. Tal y como establece el artículo 58.2 de la Ley 30/92, se deben notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, que deberán ser cursadas en el plazo de:
a) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c) 30 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

5. Establece el artículo 99 de la Ley 30/92, que cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas, para la ejecución de determinados actos, imponer multas, dichas multas:
a) Se establecen en función de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter.
b) Son incompatibles con las sanciones que pudieran imponerse con tal carácter.
c) Son independientes de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter.
d) No se puede establecer una multa coercitiva y una sanción.

6. Dentro del Procedimiento Administrativo, salvo disposición expresa de lo contrario, y de conformidad con el artículo 83 de la Ley 30/92, los informes serán:
a) Preceptivos y vinculantes.
b) Facultativos y vinculantes.
c) Preceptivos y no vinculantes.
d) Facultativos y no vinculantes.

7. A tenor del artículo 84 de la Ley 30/92, en el procedimiento administrativo, el trámite de audiencia:
a) Se inicia una vez redactada la propuesta de resolución.
b) Se inicia inmediatamente antes de instruir el procedimiento.
c) Se inicia inmediatamente antes de instruir el procedimiento y posteriormente a la redacción de la propuesta de resolución.
d) Se inicia instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.

8. En el procedimiento administrativo, y en atención a lo preceptuado por el artículo 91 de la Ley 30/92, el desistimiento y la renuncia podrán hacerse:
a) Oralmente.
b) Necesariamente por escrito.
c) Por cualquier medio que permita su constancia.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

9. Tal y como establece el artículo 118.2 de la Ley 30/92, contra los actos firmes en vía administrativa en los que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente podrá interponerse el Recurso Extraordinario de Revisión dentro del plazo de:
a) Dos meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
b) Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
c) Cuatro meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
d) Dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

10. En todo caso, el derecho a reclamar en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, tal y como establece el artículo 142.5 de la Ley 30/92, prescribe:
a) A los dos años de haberse producido el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
b) A los seis meses de haberse producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
c) Al año de haberse producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
d) A los cinco años de haberse producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

11. Conforme a la Ley que regula el Procedimiento Administrativo Común el abandono del derecho por parte del interesado se denomina:
a) Renuncia. 
b) Desistimiento.
c) Caducidad. 
d) Prescripción.

12. Todo expediente supone:
a) Una solicitud. 
b) Una serie ordenada de documentos.
c) Una licencia. 
d) Una denuncia.

13. La providencia es una decisión:
a) De tramitación, que no pone fin al procedimiento en que recae. 
b) De finalización del procedimiento en que recae.
c) Dirigida por los particulares hacia la Administración.
d) Ninguna es correcta.

14. El sistema de gestión de Procedimientos Administrativos de la Xunta de Galicia:
a) Es un sistema en el que se integran las herramientas de gestión, correo electrónico corporativo y la red de voz y datos de la Xunta.
b) Una base de datos para racionalizar la administración de procedimientos.
c) Un sistema corporativo para la gestión de expedientes administrativos.
d) Un sistema integrado para la gestión de los expedientes administrativos, la contabilidad presupuestaria y financiera de la Xunta de Galicia.

15. Para la presentación telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones el interesado deberá:
a) Estar dado de alta previamente en las bases de datos de la Xunta de Galicia.
b) Estar en posesión de un certificado digital expedido por FNMT.
c) Estar en posesión de un certificado digital expedido por la Xunta de Galicia.
d) Puede hacerlo cualquiera que tenga acceso a Internet.

16. Según el artículo 13 de la Ley 30/92, los órganos de las diferentes administraciones públicas, con las excepciones a las que se refiere tal artículo, podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos:
a) Aunque sean de distinta administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes. 
b) De la misma administración, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes.
c) Aunque sean de distinta administración y no sean jerárquicamente dependientes. 
d) De la misma administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes.

17. Según el artículo 43 de la Ley 30/92, en los casos de estimación por silencio administrativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado la resolución expresa posterior a la producción del acto:
a) Podrá ser o no confirmatorio del mismo.
b) Sólo podrá dictarse de ser confirmatorio del mismo.
c) No deberá dictarse.
d) Las contestaciones anteriores son todas incorrectas.

18. Según el artículo 59 de la Ley 30/92, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación:
a) Se hará cargo de la misma el pariente más cercano que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 
b) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
c) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que viva en el edificio y haga constar su identidad. 
d) Se hará cargo de la misma cualquier persona que viva en el edificio y haga constar su identidad.

19. Según el artículo 74.1 de la Ley 30/92, el procedimiento se encuentra sometido al criterio de:
a) Jerarquía. 
b) Eficacia.
c) Celeridad. 
d) Eficiencia.

20. Según el artículo 80 de la Ley 30/92, en un procedimiento administrativo, el plazo del período de prueba no puede ser inferior a:
a) Cinco días. 
b) Diez días.
c) Quince días. 
d) Veinte días.

21. Según el artículo 86.3 de la Ley 30/92, la comparecencia en el trámite de información pública de un procedimiento administrativo:
a) No otorga, por sí misma, la condición de interesado.
b) Otorga, por sí misma, la condición de interesado.
c) No da lugar al derecho de obtener de la Administración una respuesta razonada.
d) Todas las contestaciones anteriores son incorrectas.

22. Según el artículo 103.2 de la Ley 30/92, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos los siguientes años desde que se dictó el acto administrativo
a) Dos años.
b) Tres años.
c) Cuatro años.
d) Cinco años.

23. El plazo para interponer el recurso de alzada si el acto no fuera expreso, contado a partir del día al que se refiere el artículo 115.1 de la Ley 30/92, será de:
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Cuatro meses.

24. Según el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo en el supuesto de que el acto contra el que pretenda recurrir sea presunto, es de:
a) Dos meses. 
b) Cuatro meses.
c) Seis meses. 
d) Ocho meses.

25. Señalar cuáles de entre los siguientes principios, recoge el artículo 3.5 de la Ley 30/92, conforme a los que deben actuar las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos:
a) Eficiencia y colaboración.
b) Cooperación y participación.
c) Participación y transparencia.
d) Participación y eficiencia.

26. De acuerdo con el contenido del artículo 43 de la Ley 30/92, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado el silencio administrativo en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones tendrá efecto:
a) Siempre desestimatorio. 
b) Siempre estimatorio.
c) Desestimatorio, como norma general.    
d) Estimatorio, como norma general.

27. Según el artículo 44 de la Ley 30/92, en procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos:
a) Los interesados que hubieran comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. 
b) Los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
c) Los interesados que hubieran comparecido podrán entender estimadas o desestimadas sus pretensiones, por silencio administrativo.
d) Los interesados que hubieran comparecido podrán solicitar la declaración de la mora. 

28. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, según dispone el artículo 63 de la Ley 30/92:
a) Sólo implicará la nulidad de pleno derecho del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
b) Implicará la nulidad radical del acto.
c) Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
d) Implicará en cualquier caso la anulabilidad del acto.

29. Según el artículo 79 de la Ley 30/92, los interesados podrán aportar documentos u otros elementos de juicio:
a) En cualquier momento del procedimiento. 
b) Sólo en cualquier momento del procedimiento anterior al periodo de prueba.
c) En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución. 
d) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

30. Según el artículo 84.2 de la Ley 30/92, en un procedimiento administrativo, los interesados podrán alegar y presentar los justificantes que estimen pertinentes en un plazo:
a) No inferior a cinco días ni superior a quince. 
b) No inferior a diez días ni superior a veinte.
c) No inferior a diez días ni superior a quince. 
d) No inferior a cinco días ni superior a veinte.

31. Según el artículo 92.1 de la Ley 30/92, contra la resolución que declara la caducidad de un procedimiento:
a) No cabrá recurso alguno.
b) Sólo cabrá el recurso de alzada.
c) Sólo cabrá el recurso contencioso-administrativo.
d) Procederán los recursos pertinentes.

32. Según el artículo 114.2 de la Ley 30/92, el recurso de alzada, podrá interponerse:
a) Solo ante el órgano que dictó el acto que se impugna a fin de que pueda ser debidamente informado y darle el trámite correspondiente.
b) Sólo ante el órgano competente para resolverlo.
c) Ante cualquier órgano de la administración.
d) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

33. Según el artículo 43 de la Ley 29/987, cuando la propia administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa:
a) Deberá obtener informe favorable del Consejo de Estado u órgano similar de las Comunidades Autónomas.
b) Deberá previamente declararlo lesivo para el interés público.
c) Deberá previamente obtener informe favorable del Gobierno u órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
d) Deberá, previamente, obtener informe favorable del al Dirección General de lo Contencioso del Estado.

34. Los expedientes relativos a actuaciones administrativas derivadas de política monetaria son de acceso:
a) Libre.
b) Restringido.
c) Prohibido.
d) Sólo a los nominalmente designados en los mismos.

35. La certificación de haberse producido el silencio administrativo, deberá ser emitida, a contar desde su petición, en un plazo máximo de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 30 días.
d) Tres meses.

36. Si ni el interesado ni otra persona se hallase en el domicilio, practicada la notificación de un acto administrativo en el mismo, esta habrá de ser reiterada, a contar desde el primer intento de notificación, en un plazo de:
a) Tres días. 
b) Seis días.
c) Ocho días. 
d) Diez días.

37. Cuando se produzca la concurrencia de varios medios de ejecución forzosa, la administración elegirá siempre:
a) La ejecución subsidiaria. 
b) La multa coercitiva.
c) El que permita una ejecución más rápida. 
d) El menos restrictivo de la libertad individual.

38. La administración podrá declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, en los casos señalados en la normativa de procedimiento administrativo:
a) Nunca. 
b) Dentro del año siguiente a que el acto fuese dictado.
c) Dentro de los años siguientes a que se dictase el acto.
d) En cualquier tiempo.

39. La solicitud de suspensión de la eficacia de un acto administrativo que no haya sido resuelta producirá la suspensión si ha transcurrido, desde la entrada de dicha solicitud en el órgano competente, el plazo de:
a) Se produce la suspensión automáticamente, desde la presentación de la solicitud.
b) Un mes.
c) Tres meses.
d) No se produce nunca la suspensión.

40. Cuando la norma reguladora de un procedimiento no fije el plazo máximo para recibir la notificación, este será de:
a) Dos meses.
b) Un año.
c) Diez días.
d) Tres meses.

41. Según el artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de novienbre, no podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a) La adopción de disposiciones de carácter general. 
b) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
c) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. 
d) Todas son verdaderas.

42. La providencia es:
a) La resolución de un órgano administrativo que finaliza un expediente.
b) El acuerdo de un órgano colegiado.
c) Siempre la intimación a un colectivo o una persona para que proceda de un modo determinado.
d) La decisión de un órgano que no pone fin a un asunto.

43. Una persona puede actuar en representación de otra ante la administración:
a) Cuando tenga capacidad jurídica. 
b) Cuando tenga capacidad de obrar.
c) Cuando tenga legitimación. 
d) Cuando tenga poder al efecto.

44. Cuando la administración amplíe el plazo de que disponen los interesados en un procedimiento, esta ampliación no puede superar:
a) La totalidad del plazo inicial. 
b) Las dos terceras partes del plazo inicial.
c) La mitad del plazo inicial. 
d) La tercera parte del plazo inicial.

45. El recurso extraordinario de revisión interpuesto cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencia el error de la resolución recurrida, deberán interponerse en el plazo máximo, a contar del conocimiento de los documentos, de:.
a) Un mes. 
b) Tres meses.
c) Un año. 
d) Cuatro años.

46. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a la Administración Autonómica Gallega, podrán presentarlos, para su tramitación, ante un ayuntamiento:
a) En ningún caso.
b) Cuando la administración autonómica admita tal presentación.
c) Cuando se haya establecido un Convenio entre la Administración autonómica y el ayuntamiento en tal sentido.
d) En todo caso.

47. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 30/92, de entre los requisitos formales que las solicitudes deben contener, no se encuentra:
a) El nombre y apellidos del interesado.
b) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
c) La utilización de formas correctas de tratamiento y saludo.
d) El órgano, centro o unidad administrativa la que se dirige.

48. El plazo para la interposición del recurso de reposición contra un acto expreso de la administración es:
a) 15 días hábiles.
b) 30 días hábiles.
c) 1 mes, contado de fecha a fecha.
d) 3 meses, contados de fecha a fecha.

49. Los interesados que se dirijan a un órgano de la Administración General del Estado con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia tienen derecho a:
a) Utilizar cualquier lengua de entre las lenguas cooficiales en España, a su elección. 
b) Utilizar el castellano o el gallego, a su elección.
c) Con la Administración General del Estado sólo es posible utilizar el castellano. 
d) Utilizar cualquiera de los idiomas oficiales en la Unión Europea, incluidos los que son cooficiales en Espala, a su elección.

50. Para la realización de un acto de trámite ante la Administración por persona distinta al interesado, se requiere:
a) Que se acredite la representación por documento público.
b) Que se acredite la representación de modo fidedigno.
c) Que la representación se haga constar por escrito, con indicación expresa del acto de trámite para el que se faculta al representante.
d) Cualquier persona con capacidad de obrar puede actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas.

51. Los menores de edad tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Nunca.
b) Los menores tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses solo con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
c) Los menores tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, salvo que estén explícitamente incapacitados para ello.
d) Los menores tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses sólo con la asistencia de un procurador o abogado.

52. La creación de cualquier órgano administrativo en cada Administración Pública, exigirá, como mínimo, el cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Determinar su forma de integración en la Administración Pública de que se trate, y su dependencia jerárquica.
b) Delimitar sus funciones y competencias, no estando permitida la creación de nuevos órganos que supongan la duplicación de otros existentes.
c) Dotarla de créditos necesarios para su puesta en marcha y su funcionamiento.
d) Todos los anteriores.

53. Conforme al artículo 35 de la Ley 30/92, son derechos de los ciudadanos:
a) Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos.
b) Acceder en todo caso a los registros y archivos de la Administración Pública.
c) A exigir responsabilidades de las Administraciones Públicas.
d) Son ciertas las respuestas a y b.

54. Marque la dependencia en la que se reciben y registran documentos dirigidos a cualquier órgano de las diferentes administraciones y se facilita información y atención al ciudadano:
a) Oficinas comarcales.
b) Puntos de información al ciudadano.
c) Oficinas de información de las delegaciones provinciales.
d) Centro de información administrativa y atención al ciudadano.

55. Las unidades administrativas de cada Consellería que se responsabilizan de la gestión de unos procedimientos iniciados por el ciudadano cuya característica principal son que la resolución se produce en el mismo momento, a la vista de la documentación presentada por el interesado, son:
a) Las oficinas de tramitación única de industrias.
b) Ventanilla única.
c) Sistema de gestión de subvenciones.
d) Servicio de respuesta inmediata.

56. Señale la respuesta incorrecta en relación con las funciones del sistema de gestión de procedimientos:
a) Registra todas las entradas y salidas, sin elaborar los libros de registro.
b) Emite una carta al administrado.
c) El ciudadano puede obtener información sobre el trámite en que se encuentra el expediente.
d) Proporciona información precisa sobre cada uno de los expedientes.

57. En sus relaciones con los ciudadanos, las administraciones públicas actúan de conformidad con el principio de:
a) Cooperación.
b) Colaboración.
c) Transparencia y participación.
d) Asistencia.

58. Los servicios de información y atención al ciudadano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia no facilitarán:
a) Información particular sobre expedientes administrativos tramitados en los que el solicitante sea interesado.
b) Información general de la Administración autonómica.
c) Atención y asistencia al administrado.
d) Información particular de expedientes informatizados tramitados en la Administración General del Estado.

59. En sus relaciones con las Administraciones Públicas, los ciudadanos tienen, entre otros, derecho a:
a) A no presentar documentos que ya se encuentren en poder de alguna administración.
b) A identificar a toda autoridad y personal al servicio de las Administraciones.
c) A presentar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
d) A la devolución, sin excepción, de los documentos originales que presentaron.

60. ¿Una persona tiene derecho a acceder a un archivo histórico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia?:
a) Sí, siempre que muestre un interés investigador sobre la documentación obrante.
b) Sí, en los términos previstos en la Constitución y las leyes.
c) En ningún caso hasta que transcurran más de 35 años.
d) La Ley 30/1992 no reconoce tal derecho a la generalidad de los ciudadanos.

61. ¿Cómo deben practicarse las notificaciones?:
a) Siempre por escrito.
b) De cualquier forma que permita tener constancia de su recepción.
c) De manera directa.
d) Personalmente.

62. La tramitación de un expediente administrativo podrá iniciarse:
a) Por acuerdo del órgano competente.
b) A petición razonada de otros órganos.
c) Por denuncia.
d) De oficio o a instancia de persona interesada.

63. Con carácter general, ¿qué plazo se debe otorgar para que un interesado subsane la falta contenida en una solicitud de inicio de un procedimiento?:
a) 10 días hábiles.
b) 10 días naturales.
c) Un mes.
d) 15 días hábiles.

64. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, a quien promueva un procedimiento administrativo como titular de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos se considera como:
a) Incapacitado.
b) Interesado.
c) Ciudadano.
d) Miembro de órgano colegiado.

65. Solicitado el certificado del silencio administrativo, éste deberá emitirse en el plazo máximo de:
a) Tres meses.
b) Veinte días.
c) Un mes.
d) Quince días.

66. De acuerdo con la Ley 30/92 la imposibilidad material de continuar un procedimiento por causas sobrevenidas produce:
a) La terminación del procedimiento.
b) La acumulación del expediente.
c) La caducidad del procedimiento.
d) La renuncia.

67. El recurso que, con carácter potestativo, puede interponerse contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, se denomina:
a) Recurso de alzada.
b) Recurso de reposición.
c) Reclamación previa a la vía judicial.
d) Recurso extraordinario de revisión.

68. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 el recurso de alzada puede interponerse:
a) Únicamente ante el órgano jerárquicamente superior al que dictó el acto que se impugna.
b) Únicamente ante el órgano jerárquicamente inferior del que debe resolver el recurso.
c) Ante cualquier órgano.
d) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo.

69. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano, las quejas formuladas por los ciudadanos:
a) Son recursos administrativos.
b) Son recursos.
c) Son recursos de alzada.
d) No tienen en ningún caso la calificación de recurso administrativo.

70. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, que regula los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, el libro de quejas y reclamaciones tienen por objeto:
a) Dejar constancia de las quejas, reclamaciones, iniciativas o sugerencias, que los ciudadanos estimen convenientes sobre el funcionamiento de las unidades administrativas.
b) Realizar una valoración de la opinión de los ciudadanos en torno al funcionamiento de los servicios públicos.
c) Labor de registro de los escritos de petición que se presenten ante las Administraciones Públicas.
d) Servir de base para el diseño de estrategias y el establecimiento de criterios institucionales de carácter general a que deberán sujetarse las campañas de publicidad de los departamentos ministeriales.



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